Como el proveedor de servicios legales más grande del estado y la agencia encargada de representar a los acusados indigentes, la Oficina del Defensor Público se encuentra en una posición única para identificar y abordar la injusticia en las políticas y los sistemas que afectan las vidas de las personas afectadas por el crimen y sistemas de justicia juvenil. Para garantizar resultados positivos y significativos para nuestros clientes, identificamos estos problemas y abogamos por un cambio sistémico, no solo en la sala del tribunal, sino también con la Legislatura, la Oficina del Gobernador, el Comité de Reglas Judiciales, los medios de comunicación y otras entidades estatales y locales.  

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Las prioridades políticas actuales de OPD incluyen:

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• Prácticas imparciales de vigilancia y detención

• Cobro razonable de delitos

• Despenalización de los problemas de salud pública

• Determinaciones previas al juicio basadas en las necesidades

• Búsqueda precisa de hechos y análisis forense

• castigo proporcional

• Acceso a un tratamiento adecuado

• Oportunidades realistas para el reingreso